El Procurador General de Texas Ken Paxton se unió a una carta dirigida por Luisiana a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) expresando su profunda preocupación por los niños que están siendo obligados a tomar la vacuna COVID-19.
La carta discute las reuniones del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de octubre de 2022, especialmente su voto para agregar las vacunas COVID-19 al calendario de vacunación infantil. Cualquier acción que tomen los burócratas federales en el CDC que lleva a que los niños sean inyectados con una vacuna experimental y probada incompletamente contra su voluntad y la voluntad de sus padres, es irresponsable y una violación de sus libertades.
Además, es muy probable que tenga un impacto inexistente en la propagación de COVID-19, que, excepto en casos extremos y muy raros, representa poca amenaza para los niños. La carta señala que incluso un funcionario de Pfizer que testificó ante la Unión Europea admitió recientemente que "la vacuna nunca se probó para prevenir la propagación".
Esa falta de diligencia debida es clara a medida que surgen otros estudios preocupantes. El Departamento de Salud de Florida publicó recientemente una investigación que "encontró que hay un aumento del 84% en la incidencia relativa de muerte relacionada con el corazón entre los hombres de 18 a 39 años dentro de los 28 días posteriores a la vacunación con ARNm", destacando la necesidad urgente de un mayor estudio de estas vacunas.
Cualquier camino que se dirige a que los niños reciban el mandato de tomar la vacuna experimental es un profundo error que podría tener consecuencias para las generaciones venideras. El Procurador General Paxton usará todas las herramientas a su disposición para detener a estos burócratas federales que se extralimitan.
Como dice la carta: "La primera regla de la medicina es no hacer daño. Pero estas acciones causan mucho daño. . . . Dada la falta de necesidad de que los niños obtengan las vacunas y su falta de efectividad, agregar la vacuna COVID-19 a la lista de inmunizaciones infantiles equivale a poco más que un pago a las grandes compañías farmacéuticas a expensas de los niños y los padres".
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