El Procurador General de Texas Ken Paxton se unió a una carta de comentarios dirigida por Montana enviada al Departamento del Interior solicitando que la Oficina de Asuntos Indígenas (Bureau of Indian Affairs, BIA) extienda el periodo de comentarios públicos para nuevas reglas que tendrían un impacto de gran alcance en las leyes estatales de juego.
La gobernación federal de juego en los casinos tribales por mucho tiempo ha puesto en equilibrio los intereses federales, estatales y tribales. Pero las nuevas reglas debilitan esto, principalmente al disminuir la autoridad estatal. Este se hace en varias maneras. Primero, las nuevas regulaciones obligarían a un estado que “permite cualquier forma de juego de clase III” a negociar ahora con las tribus para permitir "todas las formas de juego de clase III", incluso si los juegos están prohibidos por la ley estatal. Por ejemplo, un estado que permitiera una lotería, pero no apuestas deportivas, blackjack o ruleta ahora se vería obligado a ofrecer tanto la lotería como los otros juegos dentro de sus fronteras.
Además, aunque los juegos tribales se han restringido principalmente a las tierras indígenas, las reglas propuestas podrían permitir efectivamente a las tribus ofrecer apuestas remotas en todo el estado. Esto amenaza con erosionar la autoridad que por mucho tiempo han tenido los estados para regular las apuestas remotas.
En una reversión de la política de la BIA, las reglas también permiten que las tribus adquieran tierras de fideicomiso tribal, en las que podrían tener lugar los juegos, independientemente de la distancia real de los límites de la reserva de la tribu. Esto podría permitir a las tribus adquirir tierras de fideicomiso prácticamente en cualquier parte del país.
Para permitir que todas las partes interesadas tengan la oportunidad de expresar plenamente estas preocupaciones, la carta solicita una extensión de 90 días del período estándar de comentarios.
La carta dice: "Nos preocupa que las Regulaciones Propuestas evitan el proceso legislativo y debilitan la capacidad de los Procuradores Generales para hacer cumplir las leyes estatales de juego. Cuando el Congreso promulgó la Ley Reguladora del Juego Indígena (Indian Gambling Regulatory Act, IGRA), reconoció que los estados tienen políticas públicas e intereses de seguridad y económicos relacionados con el juego de clase III ofrecido en tierras indígenas. Esos intereses estatales persisten, sin embargo, las Regulaciones Propuestas ampliarían el alcance de los juegos de casino tribales autorizados a través de una acción unilateral del poder ejecutivo, sin ningún debate en el Congreso o las legislaturas estatales".
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