El Procurador General de Texas Ken Paxton presentó una acción legal contra el Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) después de un cambio de política devastador que limitaría severamente la capacidad de las agencias de cumplimiento de manutención de niños (Child Support Enforcement Agencies, CSEA) en todo el país para utilizar valiosos recursos de contratistas para apoyar a las familias a las que sirven. La acción legal tiene como objetivo revertir la política destructiva.
“Es inconcebible que millones de familias enfrenten las consecuencias de las acciones de la Administración Biden, que tendrán un impacto negativo en los programas de manutención de niños en todo el país mientras apoyan a las familias que necesitan seguridad económica", dijo el Procurador General Paxton. "Es vergonzoso que Joe Biden esté tratando de dificultar que los programas de manutención de niños se administren adecuadamente. La política establecida por la Administración Biden tendrá consecuencias devastadoras para millones de niños estadounidenses, y Joe Biden debe responder por qué su Administración está tratando de dificultar tanto que las agencias de cumplimiento de manutención de niños hagan su trabajo”
El 15 de febrero de 2023, el IRS notificó a las CSEA de todo el país sobre un cambio de política que ordena la terminación del acceso de contratistas a los datos necesarios para la administración de los programas de manutención de niños del Título IV-D a partir del 1 de octubre de 2023. A nivel nacional, los programas del Título IV-D dependen de los servicios de contratistas para ayudar a brindar apoyo financiero, médico y dental a más de 13.2 millones de niños. Tan solo en Texas, los servicios de contratistas apoyaron la recaudación estatal de casi $4.5 mil millones para 1.5 millones de casos de manutención de niños en todo el estado durante el año fiscal 2022.
El abrupto cambio de política contradice la posición previamente sostenida por el IRS, que reconoció la necesidad de acceso de los contratistas a la información en auditorías anteriores. El IRS ha examinado estos servicios de contratistas durante más de una década y ha mantenido los hallazgos en suspenso en espera de la resolución del IRS y la Oficina de Cumplimiento de Manutención Infantil debido a interpretaciones contradictorias de los estatutos federales. El repentino cambio de política amenaza a casi todos los programas de manutención de niños del Título IV-D.
Más allá de ser un perjuicio abrupto para las familias, la fecha de vigencia para la cual las CSEA deben cumplir con el cambio de regla no es viable para que las CSEA compensen la perdida de los servicios contratados destruidos por la decisión del gobierno federal. Los programas IV-D corren el riesgo de violar 42 U.S. Code § 654(18), que permite a los estados tomar las medidas necesarias para cobrar los pagos de manutención vencidos de los sobrepagos a la Secretaría del Tesoro. Esta decisión del IRS resultará en la pérdida de al menos $300 millones anuales en cobros de manutención de niños para las familias de Texas.
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