El Procurador General de Texas Ken Paxton, junto con una coalición de otros demandantes, está tomando acción legal contra la Administración Biden por una regla de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF) dirigida a los propietarios de pistolas que usan aparatos estabilizadores. El Procurador General Paxton se está asociando con Gun Owners of America en esta acción legal.
Durante años, los estadounidenses han utilizado ampliamente aparatos estabilizadores cuando ejercen sus derechos de la Segunda Enmienda para numerosos propósitos, con millones vendidos en todo el país. Los aparatos pueden reducir el retroceso, ayudar a las personas con discapacidades, prevenir lesiones y, en general, ayudar a las personas a operar armas de manera más segura y precisa.
La Administración Biden ahora está dirigiéndose a los estadounidenses respetuosos de la ley con requisitos de registro onerosos al definir una pistola con un aparato estabilizador como un "rifle de cañón corto". Este cambio en la clasificación requeriría que las personas registren sus armas de fuego con el gobierno federal o arriesguen hasta diez años de prisión si no cumplen con la regulación.
Esta violación de los derechos de la Segunda Enmienda es fundamentalmente inconstitucional, así como ilegal por muchas otras razones. La nueva regla es arbitraria y caprichosa, fue adoptada en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo, y la entidad federal que instituye la regla, ATF, carece de la autoridad legal para definir las pistolas con aparatos estabilizadores como rifles de cañón corto.
“Este es otro intento de la Administración Biden de crear una solución alternativa a la Constitución de Estados Unidos y expandir el registro de armas en Estados Unidos", dijo el Procurador General Paxton. "No hay absolutamente ninguna base legal para la decisión desordenada de la ATF de tratar de cambiar la clasificación de largo tiempo para los aparatos estabilizadores, forzar el registro de los estadounidenses y luego encarcelarlos durante diez años si no cumplen rápidamente. Esta regla es peligrosa e inconstitucional, y tengo la esperanza de que esta acción legal garantice que nunca se permita que entre en vigencia”
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