El Procurador General de Texas Ken Paxton presentó una acción legal contra los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (Health and Human Services, HHS) desafiando un boletín federal que amenaza la integridad del Programa Medicaid de Texas y los casi cinco millones de ciudadanos a los que sirve al imponer requisitos que no están autorizados por ley ni requeridos por las regulaciones existentes. El Procurador General Paxton también presentó una moción de orden de restricción preliminar para detener los esfuerzos de CMS. 

“Las acciones de CMS ponen en peligro no solo la capacidad de los gobiernos locales para apoyar a los proveedores de Medicaid en su área, sino la capacidad de todo el Estado de Texas para financiar adecuadamente su Programa de Medicaid", dijo el Procurador General Paxton. "Este cambio ilegal de política pondrá en peligro el acceso de los texanos vulnerables a la atención médica y perjudicará la capacidad de los proveedores locales para servir a nuestros ciudadanos en todas las comunidades del estado. Las consecuencias de las acciones de CMS son asombrosas y devastadoras. Es otra política federal desastrosa e ilegal de la Administración Biden, pero estamos contraatacando. A pesar de la inconsistencia de la Administración actual sobre el tema, los tribunales han dado a Texas victorias decisivas sobre este tema anteriormente y la ley es clara: los Fondos de Participación de Proveedores Locales no son acuerdos ilegales de exención”. 

El Programa Medicaid de Texas es financiado conjuntamente por el gobierno estatal y federal. Los gobiernos locales también pueden participar proporcionando fondos al Estado para permitir el acceso de sus ciudadanos a la atención médica, independientemente de su nivel de ingresos. Además, desde 2013 y con la autorización de CMS, Texas ha permitido que los gobiernos locales administren los Fondos de Participación de Proveedores Locales (Local Provider Participation Funds, LPPF). El CMS de Biden intentó rescindir la autorización del uso de los LPPF por parte del Programa Medicaid de Texas en 2021, pero el tribunal emitió una orden de restricción preliminar contra este esfuerzo.

 

Los LPPF involucran a los gobiernos locales que recopilan un impuesto obligatorio de los proveedores de atención médica y luego transfieren ese dinero al estado para ayudar a financiar la parte de Texas de los fondos no federales para Medicaid. Tales arreglos están expresamente permitidos por la ley federal.

Sin embargo, la ley federal prohíbe los acuerdos de exención, que son acuerdos entre un gobierno y un proveedor de atención médica a través de los cuales el gobierno garantiza que el proveedor recibirá su pago total del impuesto a través de los pagos de Medicaid. CMS emitió recientemente un boletín informativo ilegal que clasificaría arbitrariamente los contratos puramente privados que involucran a entidades que pagan impuestos en los LPPF como acuerdos de exención prohibidos. Nada en la ley federal prohíbe los contratos puramente privados de este tipo.

Aunque la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (Health and Human Services Commission, HHSC) carece del poder para hacerlo, CMS anunció en el boletín que tenía la intención de exigir a la HHSC que proporcione información sobre estos "acuerdos privados de exención" como condición para recibir fondos federales, poniendo en peligro potencialmente miles de millones de dólares a los que tiene derecho el Programa Medicaid de Texas. Los cambios son una clara desviación de la política anterior de CMS y representan una expansión sin precedentes de la autoridad de la entidad.

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