El Procurador General de Texas Ken Paxton impidió que el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (Department of Labor, DOL) instituyera una regulación que habría reestructurado los requisitos de horas extras en violación de la ley federal.
La Ley de Normas Laborales Justas requiere que los empleadores paguen compensación por horas extras, pero la ley exime a varias categorías de empleados, incluido "cualquier empleado que es empleado de buena fe en una capacidad ejecutiva, administrativa o profesional". En 2016, el DOL promulgó una norma que condicionaba las exenciones al salario de un empleado, no a los deberes del empleado, como exige la ley. El Procurador General Paxton tomó acción legal con éxito y el tribunal anuló la regla ilegal en 2017.
Luego, la Administración Biden-Harris intentó revivir esta política ilegal volviendo a publicar la regla de 2016 con solo cambios menores. En junio de 2024, el Procurador General Paxton impugnó la nueva norma de la Ley de Procedimiento Administrativo por exceder el alcance de la ley y ser arbitraria y caprichosa. Ahora, la regla ilegal ha sido anulada y dejada de lado luego de la acción legal del Procurador General Paxton.
"Una vez más, hemos impedido que una agencia federal fuera de control reescriba unilateralmente la ley para adaptarla a la agenda inconstitucional de la Administración Biden-Harris", dijo el Procurador General Paxton. "Texas derrotó esta política ilegal en los tribunales por segunda vez".
El Procurador General Paxton ha liderado a la nación en la oposición a los abusos de poder del gobierno federal, presentando recientemente su acción legal número 100 contra la Administración Biden-Harris. Fue el primer procurador general estatal en obtener un fallo favorable contra la Administración Biden-Harris en enero de 2021, cuando presentó una acción legal contra el gobierno federal a solo dos días del nuevo mandato presidencial y desafió la pausa ilegal en las deportaciones de extranjeros indocumentados. En los años siguientes, el Procurador General Paxton tomó acción legal contra la Administración Biden por violaciones frecuentes de la Constitución, ganando más de tres de cada cuatro acciones legales presentadas contra la Administración.
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