El Procurador General de Texas Ken Paxton presentó un escrito amicus curiae en el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de los Estados Unidos apoyando las afirmaciones del Presidente Donald Trump de que el fiscal especial Jack Smith fue nombrado ilegalmente por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (Department of Justice, DOJ).

El escrito argumenta que el nombramiento del fiscal especial en este caso por parte de la Administración Biden-Harris implica directamente el interés fundamental de Texas en prevenir acciones federales ilegales. El Departamento de Justicia afirma que el Procurador General de los Estados Unidos, actuando sin ninguna orientación legal del Congreso, puede facultar a un particular para gastar decenas de millones de dólares para hacer cumplir las leyes penales federales.

Además, el escrito de Texas argumenta que el nombramiento de un "fiscal especial" activa el principio de evasión constitucional. La Constitución requiere que el Congreso brinde orientación significativa al facultar a las agencias federales para elegir entre dos vías de aplicación disponibles, sin embargo, aquí, los estatutos que cita el DOJ no brindan ninguna orientación en absoluto.

"El nombramiento de Jack Smith por parte de la Administración Biden-Harris fue descaradamente inconstitucional", dijo el Procurador General Paxton. "El Departamento de Justicia, sin ninguna autoridad, gastó más de 30 millones de dólares para contratar a un particular para acosar al expresidente utilizando como arma la contienda legal partidista en su contra. Esto erosiona el estado de derecho que distingue a Estados Unidos de los regímenes totalitarios del tercer mundo".

El escrito explica: "Desde cualquier punto de vista, es extraordinario suponer que el Congreso facultó al Procurador General para nombrar a un abogado privado para dirigir (en lugar de simplemente ayudar) una importante investigación y enjuiciamiento multidistrito en nombre de los Estados Unidos. Es aún más extraordinario suponer que el Congreso permitiría que el Procurador General hiciera esto para uno de los enjuiciamientos más costosos y de más alto perfil imaginables: el enjuiciamiento sin precedentes de un ex presidente de los Estados Unidos. Debido a que el poder reclamado es extraordinario, el Congreso debe hablar claramente antes de que los tribunales puedan concluir que el Procurador General está autorizado a ejercerlo".

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