El Procurador General de Texas Ken Paxton emitió una declaración en respuesta a la decisión dividida de la Corte Suprema de los Estados Unidos (Supreme Court of the United States, SCOTUS) que otorga al gobierno federal aún más autoridad sobre los estados y detiene el acuerdo entre Texas, Nuevo México y Colorado que habría asegurado asignaciones vitales de agua para los agricultores de Texas. 

En 2013, Texas presentó una acción legal contra Nuevo México para hacer cumplir la distribución equitativa de las aguas del Rio Grand según lo acordado en el Pacto del Rio Grand de 1938. Después de casi diez años, los estados llegaron a un acuerdo aceptable para todos los estados que aseguraría que Texas recibiera una distribución justa del agua. En 2023, el Auxiliar Judicial designado por SCOTUS apoyó el acuerdo de los Estados, diciendo: "Es difícil imaginar una resolución a este asunto que pueda ser superior al Decreto de Consentimiento [que busca Texas]".

Sin embargo, en una decisión de 5-4, la Corte ahora ha rechazado ese acuerdo a instancias de la Administración Biden, lo que permite que el gobierno federal interfiera con los acuerdos entre los Estados dentro de sus propias jurisdicciones. 

"Estoy decepcionado de que una estrecha mayoría de la Corte Suprema haya otorgado desafortunada e incorrectamente al gobierno federal aún más poder sobre los Estados", dijo el Procurador General Paxton. "Todos los Estados en este caso, e incluso el perito especial designado por la propia Corte Suprema, apoyaron el decreto de consentimiento que pondría fin a más de una década de litigios y garantizaría que los agricultores de Texas tengan acceso a suministros vitales de agua. Sin embargo, la Administración Biden se opuso, alegando que pueden bloquear unilateralmente la resolución de los Estados de una disputa entre los propios Estados. Continuaremos trabajando para asegurar que los derechos de los agricultores de Texas sean protegidos durante los próximos pasos del proceso".

En la disidencia, el Juez Neil Gorsuch explicó: "La decisión de la Corte es inconsistente con la forma en que normalmente proceden los casos de jurisdicción original. Desafía 100 años de jurisprudencia de esta Corte en materia de derecho de aguas. Y representa un grave asalto al poder de los Estados para gobernar, como siempre lo han hecho, los derechos de agua de los usuarios en sus jurisdicciones".

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