El Procurador General de Texas Ken Paxton se unió a una coalición de 20 estados que exige que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos busque revertir la decisión de un Tribunal de Distrito de Nevada en el caso de United States v. Carrillo-López, que recientemente anuló por inconstitucional la ley 8 U.S.C. § 1326, el estatuto federal de inmigración que criminaliza el reingreso ilegal de inmigrantes indocumentados que previamente han sido expulsados de los Estados Unidos. El fallo del juez fue una desviación impactante tanto de la intención largamente entendida del Congreso como de los precedentes judiciales anteriores, y si no se cuestiona, exacerbaría la situación insostenible en nuestra frontera sur y debilitaría aún más la capacidad de las fuerzas del orden para mantener seguros a los estadounidenses.
“Las políticas de la Administración Biden ya han causado suficiente crisis en la frontera, y la decisión de este tribunal solo va a causar más presión a los recursos ya agotados y aumentará el riesgo de seguridad y salud para los texanos y el resto de la nación", dijo el Procurador General Paxton. "Los estados están hartos de tener que defender la ley federal. Es hora de que esta administración haga su trabajo y ponga a los estadounidenses primero”.
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