El Procurador General de Texas Ken Paxton se unió a un escrito amicus multiestatal liderado por Montana en la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre la reglamentación de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF) sobre los aceleradores de disparos o “bump stocks”. La regla inconstitucional transformó instantáneamente a cientos de propietarios de armas respetuosos de la ley en los Estados Unidos en criminales y los obligó a destruir o renunciar a propiedad adquirida legalmente. La ATF no tiene el poder de cambiar la definición de "ametralladora" por un capricho político, y no se debe permitir que exponga a los Estados Unidos a la responsabilidad de tomar por destruir el valor de la propiedad privada.
"En una época en que la burocracia federal toca la vida de cada estadounidense de innumerables maneras, el fallo del Circuito Federal disminuye profundamente las protecciones constitucionales de la propiedad adquirida legalmente", afirma el escrito. "Esta petición plantea preguntas importantes sobre cómo el estado administrativo cada vez mayor amenaza 'la seguridad de la propiedad', uno de los 'grandes objetos del gobierno', así como el derecho a tener y portar armas".
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