El Procurador General de Texas Ken Paxton se unió a un escrito de amicus codirigido por Montana y West Virginia que pide que la Corte Suprema de los Estados Unidos revise la decisión de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito en Gun Owners of America v. Garland, que confirmó la Regla Final de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) sobre los aceleradores de disparos (“bump stocks”, en inglés). Los “bump stocks” son accesorios que permiten que la mayoría de las armas de fuego semiautomáticas disparen más de un disparo con un solo tirón del gatillo.
La Regla Final de la ATF transformaría las armas de fuego semiautomáticas legales en ametralladoras prohibidas, cuando se agregue el accesorio, y requeriría que los propietarios de “bump stocks” entreguen o destruyan sus “bump stocks” o arriesguen responsabilidad penal. El escrito legal también insta a la Corte Suprema a afirmar el principio legal fundamental de que una agencia federal no puede, a través de la "interpretación" administrativa de la ley, criminalizar conducta que enviará a las personas a prisión. Las leyes penales federales deben promulgarse democráticamente, con la aprobación de ambas Cámaras del Congreso y del Presidente.
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