El Procurador General de Texas Ken Paxton se unió a una coalición de 10 estados demandando a la Administración Biden por una reciente Orden Ejecutiva en la que el Presidente estableció un "grupo de trabajo" de burócratas federales encargados de calcular los "costos sociales" de ciertas emisiones. El objetivo final de la Administración es promulgar nuevas normas ambientales basadas en estos "costos sociales".
“El uso de estos valores resultará en la iniciativa regulatoria ambiental más expansiva y costosa de la historia y afectará a prácticamente todas las agencias federales. Estas estimaciones se utilizarán para transformar fundamentalmente toda la estructura regulatoria del gobierno federal, así como la forma en que Texas lleva a cabo sus negocios y los texanos administran sus vidas", dijo el Procurador General Paxton. "Esta orden ejecutiva no fue aprobada por el Congreso o el pueblo estadounidense, y vuela frente a la visión de los fundadores de la soberanía estatal y el libre mercado. Este es un peligroso acto de extralimitación liderado por los ambientalistas del presidente Biden.”
Las agencias federales estaban obligadas a comenzar inmediatamente a aplicar estas cifras en las acciones regulatorias y en la toma de decisiones "de otro tipo". Esta demanda multiestatal tiene como objetivo evitar otro acto de extralimitación ejecutiva de la Administración Biden que eliminará miles de empleos e impondrá serios costos regulatorias a los estadounidenses, incluyendo la regulación y cobro de impuestos por el uso de generadores, lavaplatos, cortacéspedes, leña y muchos más aspectos de la vida cotidiana.
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