AUSTIN – Al frente de una coalición de 13 Estados, el Procurador General Ken Paxton presentó un escrito legal de apoyo ante la corte de Apelaciones de Estados Unidos para el 9º Circuito en defensa del derecho de empleadores a permanecer exentos de los mandatos del gobierno que violan sus más profundas creencias religiosas.
En su determinación en enero pasado en una demanda interpuesta por el estado de California, un tribunal de distrito de Estados Unidos emitió una orden preliminar contra una regla de la administración de Trump que permitía a la organización Hermanitas de los Pobres y a otras organizaciones religiosas reclamar una exención religiosa que les dejara exentas del denominado mandato de anticonceptivos del Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos (HHS) de la era Obama. El mandato de HHS obliga a las Hermanitas a subsidiar la provisión de anticonceptivos a sus empleados, en violación de sus creencias religiosas. No cumplir con la regla representaría exponer a dichos empleadores a millones de dólares en multas de gobierno.
En su escrito de apoyo legal, el Procurador General Paxton y sus colegas demuestran que las agencias federales están obligadas por ley a dar cabida a quienes cuentan con objeciones religiosas cuando las agencias imponen una carga sustancial en la religión. El mandato de anticonceptivos de la época Obama viola el mandato federal de la Ley de Restauración de Libertad Religiosa (RFRA), que en 1993 el Congreso aprobó y el presidente Clinton firmó. RFRA asegura que se protejan los intereses de la libertad religiosa.
"La Ley Federal exige al gobierno respetar las creencias religiosas de sus ciudadanos, pero el mandato de anticonceptivos de la época Obama es un ataque a los derechos de conciencia y libertad religiosa," dijo el Procurador General de Paxton. "La regla de la administración Trump concede una exención religiosa que no hace más que proteger a la organización de las Hermanitas y a otras entidades religiosas de las imposiciones a proporcionar servicios que violen sus convicciones religiosas o morales, como la ley exige".
Las Hermanitas, un grupo de Pennsylvania de monjas católicas que cuidan a los ancianos pobres, ha librado una larga batalla legal contra el mandato del Obamacare que ha llegado a la Corte Suprema de Estados Unidos. En 2016, el Tribunal superior revocó fallos de corte menores contra las Hermanitas por unanimidad y ordenó a los tribunales menores a dar tiempo al gobierno federal para “llegar a medidas que en un futuro se ajusten a las creencias religiosas de los peticionarios”. Pero tanto California como Pennsylvania han desafiado la exención religiosa de las Hermanitas al mandato del Obamacare, y el Procurador General Paxton presentó el mes pasado documentos de intervención legal en el caso de Pennsylvania.
A Texas se unieron en su acción de intervención de apoyo presentada esta semana ante el 9o Circuito: Alabama, Arkansas, Georgia, Idaho, Luisiana, Missouri, Montana, Nebraska, Oklahoma, Carolina del Sur, Utah y West Virginia. Ver una copia de la intervención de apoyo aquí.
El Procurador General Paxton consistentemente ha defendido las libertades religiosas. A la fecha se han presentado en nombre de 20 Estados el caso Hermanitas de los Pobres v. Burwell en 24 de agosto de 2015; Universidad Bautista de Houston v. Burwell el 10 de agosto de 2015, junto con otros 15 Estados. En enero de 2016, presentó una acción de poyo legal en nombre de 20 Estados con la Corte Suprema de justicia en Zubik v. Burwell, en apoyo al derecho religioso de organizaciones sin fines de lucro a ejercer sus creencias religiosas sinceramente sostenidas.