La semana pasada, la Procuraduría General de Texas solicitó a la Tercera Corte de Apelaciones que interviniera para poner fin a las órdenes ilegales de un juez del Condado de Travis que requerían declaraciones innecesarias y acosadoras en un caso presentado por cuatro ex empleados descontentos. Decepcionantemente, el tribunal negó el alivio a pesar de la decisión de la Procuraduría General de no impugnar la responsabilidad, lo que puso fin a cualquier necesidad de más descubrimiento en este caso y permite que la Procuraduría General se concentre en los desafíos críticos que enfrenta nuestro estado, incluida la avalancha sin precedentes de inmigración ilegal en nuestra frontera sur.
La Procuraduría General buscará alivio de la Corte Suprema de Texas para reivindicar su derecho a elegir no defender un caso sin mérito pero costoso y que consume mucho tiempo en un tribunal de primera instancia sesgado y desfavorable, como lo hacen los acusados rutinariamente. Al solicitar la revisión, la Procuraduría General le pedirá a la Corte Suprema que simplemente trate a la Procuraduría General de la misma manera que a cualquier otro litigante que elija no impugnar una acción legal.
Los hombres y mujeres de la Procuraduría General que representan al Estado de Texas esperan enfocarse en el trabajo que importa a todos los 30 millones de texanos, y no en la cruzada personal de cuatro ex empleados.