El Procurador General de Texas Ken Paxton está liderando una coalición multiestatal en la presentación de un escrito amicus en la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito, con sede en Atlanta, en apoyo del presidente Donald Trump, buscando garantizar la devolución de documentos privilegiados tomados durante el operativo sin precedentes de la Administración Biden.

Después de que el Departamento de Justicia (DOJ) del Presidente Biden saqueó la casa de un antiguo y potencial futuro oponente político, el Presidente Trump solicitó un maestro especial para determinar si se tomaron los artículos protegidos por el privilegio abogado-cliente y el privilegio ejecutivo. Posteriormente, un tribunal federal de distrito nombró a un maestro especial e impidió que la Administración Biden usara materiales potencialmente privilegiados mientras tanto.  

La Administración Biden ahora está buscando una apelación de la decisión, con el fin de revisar y potencialmente usar materiales privilegiados para avanzar en su investigación del Presidente Trump.  

“El compromiso de Joe Biden de armar al Departamento de Justicia para perseguir a los oponentes políticos debería preocupar profundamente a todos los estadounidenses", dijo el Procurador General Paxton. "Dado el historial de Biden, combinado con su retórica demonizando a cualquiera con quien no esté de acuerdo, los tribunales deben estar en alerta máxima sobre las formas en que el Departamento de Justicia puede abusar de su poder para castigar al Presidente Donald Trump. Como mínimo, el Undécimo Circuito debe garantizar que cualquier información privilegiada tomada del Presidente Trump sea devuelta y que el maestro especial permanezca en su lugar".  

El informe señala la multitud de formas en que la Administración Biden ha aprovechado su poder para participar en juegos políticos cuestionables, en lugar de trabajar para promover los intereses del pueblo estadounidense. En particular, el escrito destaca múltiples ejemplos de jueces federales que determinaron que la Administración Biden no actuó "de buena fe" y tomó medidas "inequitativas", además de distorsiones flagrantes y públicas en torno al alcance de la participación federal en la investigación de "ganancia de función" y el estado de las políticas de inmigración ilegal. Debido al historial de la Administración y las circunstancias extraordinarias de este caso, el Undécimo Circuito debe confirmar la decisión del tribunal de distrito.   

Como explica el escrito: "Como mínimo, este Tribunal debe ver las afirmaciones de buena fe, neutralidad y objetividad de la Administración a través de ojos abiertos. En consecuencia, este Tribunal debe rechazar la solicitud de la Administración de suspender la orden del tribunal de distrito en espera de apelación y, en su lugar, permitir que esta disputa de documentos proceda ante un maestro especial neutral".

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