AUSTIN – Uniéndose a una coalición de 16 Estados, el Procurador General Ken Paxton ha instado hoy a la Corte Suprema tomar y en última instancia, anular una decisión de un tribunal menor que bloquea una ley de Indiana que requiere a una mujer que busque un aborto someterse a un examen ultrasonido 18 horas antes del procedimiento como parte de una política de consentimiento informado.
En julio pasado, un panel de la Corte del 7o Circuito Federal de Apelaciones dictaminó que la provisión de ultrasonido que es parte de la ley de Indiana para la dignidad de los que están por nacer – promulgada por el entonces gobernador Mike Pence en 2016 – impone una carga indebida sobre las mujeres que buscan abortos. Las organizaciones de American Civil Liberties Union y Planned Parenthood fueron las que desafiaron la ley.
En su escrito, el Procurador General de Paxton y sus homólogos señalaron que la Corte Suprema repetidamente ha afirmado la capacidad de un estado para regular el proceso de consentimiento informado para asegurar que los pacientes pueden evaluar adecuadamente los riesgos y consecuencias del procedimiento de aborto.
"La legislación promulgada en Indiana, Texas y otros Estados sirve para proteger la vida, asegurando que una mujer que busca un aborto este completamente informada al considerar el impacto devastador de una decisión final de la vida", dijo el Procurador General Paxton. "Vamos a luchar contra cualquier intento de bloquear estas leyes estatales razonables que valoran y protegen la salud de la madre y la vida de los no nacidos".
En 2011, el entonces representante estatal Paxton realizo la coautoría y pasó la Ley 15, que requiere que una mujer embarazada vea un sonograma y escuche los latidos del corazón de su hijo por nacer antes de consentir un aborto. La ley de Sonograma de Texas fue impugnada y posteriormente confirmada en el 2012 por el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para la 5o Circuito.
Aproximadamente 26 Estados tienen leyes que exigen que un médico proporcione cierta información a un paciente, obteniendo consentimiento informado para llevar a cabo un procedimiento de aborto. La Corte Suprema repetidamente ha afirmado la capacidad de un estado para regular el proceso de consentimiento informado para asegurar que pacientes pueden evaluar adecuadamente los riesgos y consecuencias del aborto, rechazando los desafíos a la Primera Enmienda a esas leyes.
Texas se unió al escrito de amigo de la corte con Luisiana, Alabama, Arkansas, Idaho, Kansas, Kentucky, Mississippi, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Carolina del sur, Utah y West Virginia.
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