Esta semana, la Procuraduría General de Texas presentó una moción para reconsiderar y una moción para dictar sentencia en un litigio relacionado con una disputa laboral con cuatro ex miembros del personal. Estas presentaciones desafiaron la decisión de la jueza de que las declaraciones deben proceder incluso después de que se admitieron todos los hechos y el demandado retiró su oposición al caso. Contrariamente a las reglas de la corte de Texas y la jurisprudencia, la corte dictaminó que el litigio debe continuar a pesar de la ausencia de asuntos en disputa para ser juzgados por un juez o jurado. La jueza que supervisa el caso, una ex presidente del Partido Demócrata del Condado de Travis, no escuchó ninguna información sobre el asunto y otorgó la orden apresuradamente a base de un correo electrónico enviado por el abogado de los demandantes que tergiversó el estado procesal del caso.
Hoy, la jueza rechazó la moción de la Procuraduría General para reconsiderar su orden anterior. Al hacerlo, la corte está ignorando imprudentemente los precedentes legales, abusando del sistema de litigios y mostrando una preferencia impactante en un aparente esfuerzo por prolongar esta farsa política e interferir con los asuntos de día a día de la Procuraduría General de Texas.
Ni los demandantes ni el tribunal aceptarán un "sí" como respuesta en este caso. En cambio, han optado por perder tiempo y recursos librando una guerra legal contra el Procurador General hasta que hayan satisfecho un aparente deseo de infligir más acoso, gastos y mal uso de los recursos a la Procuraduría General. Persisten con estas distracciones, además, durante un período crítico en el que la Procuraduría General está luchando contra más de 60 demandas con la Administración Biden y los abusos de la Constitución por parte del gobierno federal no muestran señales de desaceleración.
Con esta decisión, este tribunal del condado de Travis ha intensificado su preocupante patrón de comportarse como un actor político en lugar de un árbitro imparcial de los casos en disputa. Esta no es la primera decisión activista y políticamente motivada de esta jueza, contraria al interés público. Anteriormente había otorgado un recurso ilegal de "habeas corpus" a un extranjero indocumentado detenido fuera de la jurisdicción de la jueza. Y previamente, sin autorización, firmó una orden ilegal de "cambio de sexo" contraria al procedimiento legal y sin las audiencias ni pruebas requeridas. Tal abuso del sistema judicial corre el riesgo de debilitar la confianza del público e incuestionablemente traiciona los cimientos de nuestro sistema legal: que la justicia será imparcial. No es posible que el Procurador General, su agencia o su personal esperen un juicio justo. El Condado de Travis se ha establecido como un lugar injusto donde el destino de los litigantes está predeterminado por las inclinaciones políticas de la corte.
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